¿Qué es el PLSD?
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¿Qué es el PLSD?

El Partido Liberal Social Demócrata nace el 17 de diciembre de 2011 en Sevilla, fundado por profesionales liberales y empresarios de toda España, impulsado por la necesidad de encontrar una nueva manera de hacer política, que sea más idónea para el mundo del siglo XXI; un mundo que se ha hecho pequeño, globalizado, informatizado, tremendamente competitivo, rápidamente cambiante, y que en muchos aspectos sufre el estrés de la saturación poblacional y las tensiones derivadas de un cambio tecnológico constante, una limitación de los recursos naturales y sobretodo de los recursos energéticos, la incorporación de media humanidad (la China, la India, los países emergentes) al mundo desarrollado.

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MODELO DE ESTADO

No nos engañemos. Los actores principales del desarrollo autonómico son el Gobierno central, las Comunidades Autónomas (de forma particular Cataluña y el País Vasco) y el Tribunal Constitucional.

Es indudable que a Adolfo Suárez, en el comienzo de la Transición Democrática y bajo la tutela de la monarquía y los poderes del momento, le preocupaban mucho dos cosas:

1) cómo legalizar el Partido Comunista (PCE), por aquel entonces el partido político con más fuerza en España, aunque clandestino;

2) cómo encajar a Cataluña y al País Vasco en una España democrática. Lo primero resultó mucho más fácil de solucionar que lo segundo.

Cataluña tuvo su Estatut de Autonomía a comienzos de la II República, en 1931-32, y el País Vasco en 1936, justo antes de la contienda civil. No iban a renunciar evidentemente ni vascos ni catalanes a recuperar, tras cuarenta años de dictadura franquista, sus estatutos de antes de la Guerra Civil . Al final, en un lento pero rápido proceso (según se mire), entre 1977 y 1983, tras sobrevivir a un golpe de estado el 23F de 1981, y bajo la tutela inicial también de Clavero Arévalo, como Ministro de la Regiones (luego CCAA), se optó por el inmediato regreso en 1977 del President de Catalunya en el exilio (Tarradellas) y luego en un progresivo “café para todos” , con claros privilegios comparativos para Navarra en función de sus Fueros y del País Vasco (por el entorno violento de ETA), y con inventos más o menos afortunados como la creación de CCAA inexistentes hasta el momento como, por ejemplo, La Rioja, Murcia, Cantabria o el propio Madrid.

El desarrollo del Estado de las Autonomías muestra que se trata de un proceso que parte en 1977 sin un claro modelo final, un poco de forma aparentemente improvisada pero muy intuitiva y acertada , pero que busca desde sus primeros años un modelo definitivo.

No todos los grupos sociales y políticos que participan en este proceso pretenden este modelo definitivo ni, mucho menos, todos ellos parten con las mismas ideas y quieren llegar a la misma finalidad. Sin embargo, la búsqueda de modelo es inherente a todo Estado, ya que la estabilidad es algo funcional y necesario a cualquier organización política.

Actualmente, en plena crisis económica y social, se ha vuelto a despertar las tensiones entre los que quieren una España más centralizada y los que defienden soluciones separatistas o independentistas.

El período 1979-1983 podemos considerarlo como el período fundacional del Estado autonómico. En él se aprobaron todos los Estatutos de Autonomía, se transfirieron numerosos servicios estatales a las Comunidades Autónomas se comenzó el desarrollo de las competencias propias, sobre todo en el País Vasco y Cataluña, y los Parlamentos autonómicos respectivos comenzaron a legislar dentro del marco preestablecido en la Constitución y desarrollado en sus estatutos.

Entre 1983 y 1992 se produce un amplio desarrollo estatutario de las Comunidades que escogieron la vía del artículo 151 y que no tienen, por tanto, más límite competencial que el artículo 149.1 CE. Por su parte, las Comunidades que accedieron por la vía del artículo 143 tenían como límite, en sus primeros cinco años, el techo competencial señalado en el artículo 148 CE. Ahora bien, en 1988, todas las Comunidades Autónomas de este nivel habían llegado ya a ese plazo de cinco años y se comenzó a plantear la necesidad de igualar el techo competencial de las Comunidades Autónomas más desarrolladas.

Entre 1988 y 1993 el debate más interesante respecto al tema autonómico fue el de la vía a escoger para que estas Comunidades pudieran llegar a desarrollar todas las potencialidades que encerrase su Estatuto de Autonomía. La opción era escoger entre la reforma de los estatutos o la vía del artículo 150.2 CE.

Pero , aunque siempre que se ha podido se ha preferido no hablar del asunto porque de alguna manera es prácticamente un tabú, el “café para todos” fue siempre interpretado desde Cataluña y el País Vasco como un intento del resto de España, y sobretodo de Madrid, de negar a estas dos CCAA un trato de nación, o más ambiguamente de “nacionalidad” o de “comunidad histórica” ; y no sólo por los partidos nacionalistas ya que hasta representantes locales en Cataluña y Euskadi de los partidos tradicionales de izquierdas, no así del PP, han mantenido en muchos aspectos posiciones parecidas a los partidos nacionalistas vascos y catalanes.

Por tanto, hay aquí claramente un interés contrapuesto entre los gobiernos de algunas Comunidades de peso decisivo -País Vasco y Cataluña- y la necesidad de articular un Estado compuesto que no sea disfuncional en la práctica y gravoso desde el punto de vista financiero.

Quiere esto decir que España no tiene solución? Que sigue tan “Invertebrada” como en el libro de Ortega y Gasset “La España Invertebrada”? Nosotros en el PLSD pensamos que ESPAÑA TIENE SOLUCIÓN: SUMAR y NO Restar.

Otros aspectos a considerar en este período son las repercusiones de las sentencias del Tribunal Constitucional en la distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas y, a partir de la entrada de España en la Comunidad Europea, la aplicación en España del Convenio Europeo y la participación de las Comunidades Autónomas en las decisiones políticas de las instituciones comunitarias en todo aquello que afecte a sus competencias. Pero tampoco podemos olvidar que en España, a pesar de la separación de poderes, la composición del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial en general no sólo no son ajenos a los partidos políticos, si no que obedecen claramente a pactos y cuotas de partido.

Así, por ejemplo, el lentísimo proceso de impugnación del Estatut de Autonomia de Catalunya de la etapa tripartita, no sólo acabó rompiendo el tripartito (ya que ERC se negó a aceptar lo pactado entre PSC-PSOE y CiU), sino que acabó condenando a la inconstitucionalidad (aunque fuera parcial) de un Estatut aprobado por el Parlament de Catalunya, el Parlamento de España (Cortes y Senado), refrendado por un Referéndum vinculante y firmado y rubricado por S.M. el Rey.

Recientemente, las tensiones se han renovado por las presiones económicas y la injerencia de la UE, y sobretodo del llamado Merkozy (ya extinto). De manera que en tan sólo tres semanas se procedió, antes de las elecciones generales del 2011, a cambiar la Constitución del 1978 que parecía intocable.

Reforma Express de la Constitución

Cualquier cambio en el articulado de la Carta Magna requiere la aprobación de tres quintos del Parlamento. Para llegar a esta cifra no hubo problemas en Octubre del 2011 , ya que PP y PSOE sumaban 321 escaños en el Congreso (169 de los socialistas y 152 del grupo popular) de los 350 existentes, porcentaje que aún es mayor en el Senado, donde estos dos grupos sumaban 226 de los 264 que componen la Cámara Alta. 

Además, según los dispuesto en la propia Constitución, cualquier reforma ya aprobada por ambas cámaras deberá ser sometida a un referéndum solo si es solicitado por una décima parte de los miembros del Congreso o por el mismo porcentaje de los miembros del Senado.

Teniendo en cuenta que PP y PSOE suponían más del 90% de los escaños de ambas cámaras, ya se pudo descartar que se convoque un referéndum.

En el caso de no haber acuerdo entre los principales partidos, cosa improbable, se tendría que haber creador una comisión paritaria de diputados y senadores que elaborara un texto para su posterior votación en las Cámaras. Si aún así no saliera adelante, y siempre que la iniciativa hubiera obtenido la mayoría absoluta en la Cámara Alta, podría ser aprobada por el Congreso por mayoría de dos tercios. En tal caso, también debería someterse a referéndum en última instancia.

En efecto, en febrero de 1992, el Gobierno central, el PSOE -partido entonces mayoritario- y el PP -principal partido de la oposición- firman unos pactos decisivos para el futuro desarrollo estatutario.

En ellos se acuerda iniciar dos procesos paralelos: por un lado, se aprueba una ley de transferencia y delegación según lo previsto en el artículo 150.2 CE, mediante la cual se equipararan sustancialmente las competencias autonómicas de estas Comunidades con las de las Comunidades del artículo 151 CE; por otro lado, se acuerda proceder a la reforma de los Estatutos de Autonomía en las Comunidades Autónomas de la vía 143 CE, a los efectos de que esta igualación tenga carácter estatutario.

Inmediatamente se procede al cumplimiento de los acuerdos y, de forma simultánea, se transfieren competencias y se reforman los Estatutos.

Otros dos aspectos fueron abordados de forma positiva en estos artos: las relaciones con la UE y la financiación autonómica. A la vez que se establecía un control, por parte de las Cortes, de la política general europea a través de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la comisión mixta del Congreso y del Senado para la Unión Europea, también la Conferencia entre Esta-do/CC.AA. para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas adopta, en su reunión de 30 de noviembre de 1994, un acuerdo sobre la participación interna de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios europeos a través de las conferencias sectoriales.

Este Acuerdo se aprueba por Resolución de 10 de marzo de 1995, de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas (BOE de 22 de marzo). El segundo aspecto abordado fue un nuevo modelo de financiación a través de la participación de las Comunidades Autónomas en el impuesto estatal del IRPF, modelo que en la versión que acuerdan CiU y el Gobierno del PP a finales de 1996, ratificado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, representa un importante cambio en la filosofía de la financiación autonómica, ya que se pasa de un sistema en el que predominan las transferencias financieras estatales a las Comunidades Autónomas, o de impuestos transferidos de rango menor sin posibilidad de legislar sobre ellos, a un sistema de corresponsabilidad fiscal, en el cual las Comunidades no sólo podrán gestionar parte del IRPF, sino también legislar sobre el mismo, lo cual supone hacer frente a la responsabilidad política derivada de los niveles impositivos que se crean convenientes para hacer frente a los gastos de la Comunidad.

Estos cambios no hay duda que perfeccionan el sistema autonómico español y han de suponer una transformación sustancial de la Administración estatal.

Por último, también se intenta reformar el Senado convirtiéndolo en Cámara de las Autonomías. Sin embargo, los criterios al respecto de las distintas fuerzas políticas son muy poco uniformes y, a pesar de declaraciones de intención netamente reformistas, sólo se procede a un cambio reglamentario, sin duda significativo, pero que en la práctica tiene escasa trascendencia.

La reforma constitucional del Senado está aplazada para un futuro indeterminado, no queriendo las fuerzas políticas comprometerse seriamente en su transformación en Cámara de las Autonomías.

 ¿ Qué Propone el PLSD?

A pesar de la enorme complejidad jurídica, histórica y política, lo que proponemos los Liberal Social demócratas es esencialmente MUY SENCILLO (pero no simplista ni fácil de conseguir, por supuesto). Partimos de la base que España es plural y que el sentirse de una nación u otra es obviamente un SENTIMIENTO.

Se puede obligar a sentir un sentimiento a una persona? Por supuesto que no. Puede en seguidor del Real Madrid sentir los colores del Barça, o viceversa? Por supuesto que no.

Pero en el PLSD nos sentimos castellanos, andaluces, catalanes, vascos, asturianos, cántabros, murcianos, riojanos, navarros, canarios, baleares, aragoneses, extremeños, manchegos, valencianos, de Ceuta o Melilla…pero también nos sentimos profundamente españoles, y a pesar de los tiempos que corren también europeos.

1. Sinceridad con nuestra Historia:

España no es lo que nos han hecho creer el PP o el PSOE, ni por supuesto UPyD.

La España milenaria, que viene de la Reconquista contra el Islam, se basó siempre en un humanismo Cristiano, además de una religión, y en las naciones medievales de la península ibérica.

Estos reinos cristianos son la base de una España nación de naciones, dentro de una Europa pacífica y plural inevitablemente unida en lo económico, lo cultural, y lo militar.

El estado de las autonomías, fruto de la transición post-franquista, ha permitido la consolidación democrática de España pero no ha servido para la verdadera integración y vertebración de España, quizá porque no ha respetado los sentimientos nacionalistas de estas naciones antiguas de España; y quizá porque tampoco ha evolucionado hacia un federalismo simétrico pero justo, proporcional a nuestros recursos económicos y respetuoso de las voluntades identitarias del pueblo español.

El PLSD pretende una reflexión profunda sobre estas cuestiones y propone una revisión de la Constitución de 1978 que deberá ser explicada y consensuada.

Nosotros apostamos por un Estado Federal Simétrico, donde cada estado (Federal) pueda desarrollarse en armonía con sus legítimas aspiraciones y en consonancia con las del conjunto de estados (Federales) que conformarían el Estado Español.

2. Valentía y Coherencia:

Es decir, puede que “el café para todos” no sea la solución , pero desmontar ahora el estado de las autonomías, como han insinuado recientemente y siguen insistiendo fuerzas políticas como UpyD o sectores del PP que se autodefinen como liberales, nos parece ir contra la Historia además de peligroso.

Lo que hay que hacer, por el contrario, es hacer evolucionar EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS, es decir reformar la Constitución del 1978 en aquellos pocos aspectos necesarios para que España sea un estado Federal, como lo son Alemania y los EEUU, por ejemplo.

No hace falta ‘inventar la sopa de cebolla’, ahora bien sí que hará falta un proceso constituyente inteligente y honrado (parcial y limitado a una legislatura) que de acuerdo con nuestros recursos económicos y las voluntades particulares y globales de gastarlos de cada CCAA y del Estado , se establezcan las nuevas coordenadas del nuevo Estado de España, y, entre otras cosas, se le de un sentido al Senado, que ahora mismo no sabemos para qué sirve.

Recientemente hemos publicado un articulo donde proponemos para el debate, un modelo de Estado Federal Asimético, como forma de integración de las Comunidades Autoónomas en un Estado Federal acorde a las aspiraciones legítimas y realidades de nuestro país.

http://www.plsd.es/descargas/Federalismo_Asimetrico.pdf